Tag Archive | fines del derecho penal

El orden carcelario. Apuntes para una historia material de la pena–M. Pavarini

Referencia: Pavarini, Massimo. «El orden carcelario. Apuntes para una historia material de la pena». En El derecho penal hoy. Homenaje al profesor David Baigún, traducido por Laura Martin, 567–596. Buenos Aires: Editores del Puerto, 1995.


La obsesión correctiva se margina ya en los bordes de la cárcel, para desbordar abundantemente fuera de lo jurídico-penal. En un es­cenario que quiero dramatizar, me parece que la urgencia correcti­va ya ha salido de los muros de la cárcel que, marginalmente, penetra aun algunos momentos de lo jurídico-penal, pero que fundamentalmente se está radicando en las nuevas (o no nuevas) prácticas de disciplina social de tipo no penal.

Los circuitos o segmentos estrictamente carcelarios ya están liberados definitivamente de toda preocupación correctiva y la misma retorica especial-preventiva ha sido abandonada por las agendas oficiales: la jurisprudencia utiliza cada vez con menos ganas el argumento del fin re-educativo de la pena para motivar la determinación judicial del castigo, prefiriendo, según el caso, motivarla en términos de defensa social, de incapacitación, etc. La misma administración penitenciaria evidencia un malestar frente a las prácticas del tratamiento, anteponiendo siempre y de todas formas las imprescindibles exigencias de seguridad y de disciplina institucional.

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¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal? – C. Roxin

Referencia: Roxin, Claus. «¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?» En La Teoría del bien jurídico: ¿fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?, 443–458. Madrid: Marcial Pons, 2007.

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EXTRACTO

La cuestión de las cualidades materiales que debe reunir una conducta para ser sometida a pena estatal siempre será un problema fundamental, no sólo para el legislador, sino también para la ciencia jurídico-penal. Hay muchas razones para entender que el legislador actual, aunque goza de legitimidad democrática, no puede incriminar algo sólo porque no le guste. Conductas tales como la de criticar duramente al gobierno, profesar convicciones extrañas o comportarse en privado de forma divergente a lo prescrito por las normas sociales no serán del agrado de aquella autoridad que aprecie una ciudadanía obediente, conforme y fácil de dirigir. La historia, incluyendo el presente, muestra numerosos ejemplos de sistemas de justicia criminal que pretenden reprimir tales conductas. Sin embargo, conforme al estándar alcanzado por nuestra civilización occidental (marco al que se circunscriben mis consideraciones), la penalización de una conducta tiene que poseer una legitimación distinta de la que le otorga la mera voluntad del legislador.