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Derecho penal y protesta social–E. R. Zaffaroni

Referencia: Zaffaroni, Eugenio Raúl. «Derecho penal y protesta social». En ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina, 1–15. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 2010.

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SUMARIO:

I. Delimitación del fenómeno. II. La protesta no institucional. III. La protesta institucional siempre es atípica. IV. La protesta no institucional no siempre es típica. V. La protesta que se manifiesta en conductas típicas y la justificación. VI. La protesta que se manifiesta en conducta ilícitas y la culpabilidad. VII. Algunas reflexiones políticas.

El derecho de protesta no sólo existe, sino que está expresamente reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, pues necesariamente está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18, Declaración Universal de Derechos Humanos), en la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y en la libertad de reunión y de asociación pacífica (art. 20). Estos dispositivos imponen a todos los Estados el deber de respetar el derecho a disentir y a reclamar públicamente por sus derechos y, por supuesto, no sólo a reservarlos en el fuero interno, sino a expresar públicamente sus disensos y reclamos. Nadie puede sostener juiciosamente que la libertad de reunión sólo se reconoce para manifestar complacencia. Además, no sólo está reconocido el derecho de protesta, sino el propio derecho de reclamo de derechos ante la justicia (art. 8).

La naturaleza como persona: Pachamama y Gaia – E.R. Zaffaroni

Referencia: Zaffaroni, Eugenio Raúl. «La naturaleza como persona: Pachamama y Gaia». En Bolivia: Nueva Constitución Política del Estado. Conceptos elementales para su desarrollo normativo, 109–132. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2010.

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EXTRACTO:

En los estrechos límites de esta presentación es imposible abarcar en detalle la complejidad de la dinámica ideológica (filosófica, ética y jurídica) de la relación del humano con su medio y, en especial, con las formas de vida no humanas. Semejante tarea importaría nada menos que recorrer toda la antropología filosófica, pues el humano siempre tuvo una actitud ambivalente frente al animal, dado que en buena medida se quiso conocer diferenciándose de éste e identificándose con Dios.

Es interesante observar que, pese al presupuesto de que los animales son inferiores, les atribuyó virtudes y defectos humanos. La torpeza del asno, la fidelidad del perro, la nobleza del caballo, la satanidad del gato, la abyección del cerdo, etc., son valoraciones humanas conforme a las que jerarquizó a los animales70 (coronando heráldicamente al oso primero y al león más tarde), lo que permanece vigente para injuriar o exaltar a otro ser humano.

Esta jerarquización fue dotada de carácter científico cuando, valiéndose de las semejanzas con algunos animales, los fisiognomistas clasificaron jerárquicamente a los humanos, tradición que después de pasar por la frenología de Gall entró en el campo parajurídico para dar estatus científico a la criminología con Lombroso y los positivistas, consagrando valores estéticos como fundamento de jerarquizaciones racistas, asociando lo feo con lo malo o primitivo.

Laicidad del derecho y laicidad de la moral – L. Ferrajoli

Referencia: Ferrajoli, Luigi. «Laicidad del derecho y laicidad de la moral». Revista de la Facultad de Derecho de México, n.o 248 (2007): 267–277.

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EXTRACTO:

La discriminación entre ética católica —o, como sea religiosa— y estado laico ético o confesional, por un lado, y laicidad de la ética y del derecho, por el otro, reside en las concepciones opuestas tanto de la verdad, como de la moral y del derecho. Es claro que una ética que se supone objetivamente “verdadera” también es una ética heterónoma, que se impone como la (única) moral y que, consecuentemente, pretende sustraerse al derecho e, inevitablemente, rechaza cualquier tolerancia jurídica o moral de opciones éticas diferentes; de la misma manera en que las matemáticas excluyen cualquier posible tolerancia teorética para una tesis falsa como “2 (más) 2 (igual a) 5”. Por el contrario, solamente la autonomía simultánea y la separación entre derecho (y Estado) y moral (o culturas) —que son sistemas de prescripciones que no son ni verdaderas ni falsas— está en condiciones de garantizar, con la laicidad del derecho y del Estado, el pluralismo cultural, la libertad de conciencia y de religión, la convivencia pacífica y el respeto de las diferentes identidades —naturales, religiosas, políticas y culturales— en sociedades complejas y diferentes como siempre han sido las sociedades y como son, hoy más que nunca, las sociedades actuales. Esa separación, de hecho, se realiza precisamente mediante la convención jurídica de la igual dignidad de todos y de la igual libertad de cada uno para practicar, sin causar daño a nadie, sus propias convicciones y opciones morales y religiosas, cualesquiera que estas sean: mayoritarias o minoritarias, dogmáticas o agnósticas e incluso (consideradas por otros) inmorales o irreligiosas.

Las garantías constitucionales de los derechos fundamentales – Ferrajoli, L.

Referencia: Ferrajoli, Luigi. «Las garantías constitucionales de los derechos fundamentales». DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, no. 29 (2006): 15- 31.

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RESUMEN:

Una necesaria redefinición de la democracia, sobre la base de la redefinición de la soberanía popular, permite concluir que las garantías de los derechos fundamentales son garantías de la democracia. Ésta, por tanto, comprende cuatro dimensiones: las primeras dos “formales”, relacionadas con los derechos-poder de autonomía política y civil; las otras dos “sustanciales”, relaciona-das con los derechos de libertad y sociales. Las garantías constitucionales se vinculan con la rigidez de la Constitución y consisten en las obligaciones y las prohibiciones correspondientes a las expectativas positivas o negativas normativamente establecidas. Existen pues, de una parte, “garantías positivas” y “garantías negativas”. De otra parte, cabe distinguir entre “garantías primarias” (la suma de las anteriores) y “garantías secundarias” (de justiciabilidad, las cuales intervienen en caso de violaciones de la expectativa normativa y de sus garantías primarias).