Tag Archive | derecho

Retórica y Estado de Derecho – N. MacCormick

REFERENCIA: MacCormick, Neil. “Retórica y Estado de Derecho”. Isegoría: Revista de filosofía moral y política, nº 21 (1999): 5–21.

Descargar PDF


SUMARIO: INTRODUCCIÓN – PRIMER LUGAR COMÚN: EL CARÁCTER ARGUMENTABLE DEL DERECHO – II. SEGUNDO LUGAR COMÚN: EL ESTADO DE DERECHO – III. HACIA LA RECONCILIACIÓN: a) Teorías retóricas; b) Teorías procedimentales; c) Derechos.

RESUMEN: El lugar común de que las proposiciones jurídicas son intrínsecamente argumentabIes se opone al lugar común rival de que el Estado de Derecho (Rule of Law) es valorado en consideración a la certeza jurídica. La reconciliación de esos aparentes contrarios toma en cuenta las aportaciones de las teorías de la retórica y de las teorías procedímentales de la razón práctica, situando así el problema de la indeterminación del Derecho en el contexto del carácter cuestionable de la acción estatal en los Estados libres. Esto no es incompatible con, sino exigido por, el Estado de Derecho, que es indebidamente considerada como asegurador de la certeza jurídica; la certeza derrotable es lo que resulta más deseable o alcanzable.

El orden carcelario. Apuntes para una historia material de la pena–M. Pavarini

Referencia: Pavarini, Massimo. «El orden carcelario. Apuntes para una historia material de la pena». En El derecho penal hoy. Homenaje al profesor David Baigún, traducido por Laura Martin, 567–596. Buenos Aires: Editores del Puerto, 1995.


La obsesión correctiva se margina ya en los bordes de la cárcel, para desbordar abundantemente fuera de lo jurídico-penal. En un es­cenario que quiero dramatizar, me parece que la urgencia correcti­va ya ha salido de los muros de la cárcel que, marginalmente, penetra aun algunos momentos de lo jurídico-penal, pero que fundamentalmente se está radicando en las nuevas (o no nuevas) prácticas de disciplina social de tipo no penal.

Los circuitos o segmentos estrictamente carcelarios ya están liberados definitivamente de toda preocupación correctiva y la misma retorica especial-preventiva ha sido abandonada por las agendas oficiales: la jurisprudencia utiliza cada vez con menos ganas el argumento del fin re-educativo de la pena para motivar la determinación judicial del castigo, prefiriendo, según el caso, motivarla en términos de defensa social, de incapacitación, etc. La misma administración penitenciaria evidencia un malestar frente a las prácticas del tratamiento, anteponiendo siempre y de todas formas las imprescindibles exigencias de seguridad y de disciplina institucional.

Leer Más…

Derecho penal y protesta social–E. R. Zaffaroni

Referencia: Zaffaroni, Eugenio Raúl. «Derecho penal y protesta social». En ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina, 1–15. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 2010.

Ver artículo completo en PDF

SUMARIO:

I. Delimitación del fenómeno. II. La protesta no institucional. III. La protesta institucional siempre es atípica. IV. La protesta no institucional no siempre es típica. V. La protesta que se manifiesta en conductas típicas y la justificación. VI. La protesta que se manifiesta en conducta ilícitas y la culpabilidad. VII. Algunas reflexiones políticas.

El derecho de protesta no sólo existe, sino que está expresamente reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, pues necesariamente está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18, Declaración Universal de Derechos Humanos), en la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y en la libertad de reunión y de asociación pacífica (art. 20). Estos dispositivos imponen a todos los Estados el deber de respetar el derecho a disentir y a reclamar públicamente por sus derechos y, por supuesto, no sólo a reservarlos en el fuero interno, sino a expresar públicamente sus disensos y reclamos. Nadie puede sostener juiciosamente que la libertad de reunión sólo se reconoce para manifestar complacencia. Además, no sólo está reconocido el derecho de protesta, sino el propio derecho de reclamo de derechos ante la justicia (art. 8).

El derecho como sistema de garantías–L. Ferrajoli

Referencia: Ferrajoli, Luigi. «El derecho como sistema de garantías». Jueces para la democracia, no. 16–17 (1992): 61–69.

Artículo completo en PDF

SUMARIO:

1. Crisis del derecho y crisis de la razón jurídica. El modelo garantista. 2. Racionalidad formal y racionalidad sustancial en el paradigma garantista de la validez. 3. Democracia formal y democracia sustancial. 4. El papel del juez y la legitimación democrática de su independencia. 5. La ciencia jurídica y el reto de la complejidad.

La superación del carácter ilimitado de la soberanía estatal y, por otra parte, del límite de la ciudadanía para el disfrute de los derechos fundamentales representa, pues, la condición para el desarrollo de un constitucionalismo mundial. La crisis actual del Estado nacional —de por sí saludable y en todo caso imparable— puede ser afrontada, en esta dirección, sólo repensando los topoi del constitucionalismo, dentro y fuera de nuestros ordenamientos, y al mismo tiempo aquellos a los que hay que confiar la rigidez normativa de los derechos fundamentales y sus garantías. Es cierto que no cabe pensar en una reforma del sistema de fuentes que reproduzca la vieja jerarquía vertical basada en la primacía de las fuentes centrales sobre las locales y periféricas. Esta jerarquía podría muy bien invertirse para la tutela de las autonomías en todos los niveles, siempre que quedase preservada la rígida primacía de las normas que garantizan derechos fundamentales sobre cualquier otra fuente.

La economía política del castigo – E. Larrauri

Larrauri Pijoan, Elena. «La economía política del castigo». Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, n.o 11 (2009).

Descargar artículo completo en PDF

En este artículo se recogen las tendencias punitivas, expresadas en el aumento del número de personas en prisión, existentes en algunos países de Europa Occidental. Se intenta agrupar a los países en función de sus distintas políticas penales y se expone, basándose en el modelo de Cavadino/Dignan (2006), la relación existente con los diversos modelos de Estado social presentes en Europa. Además se incorporan los estudios que vislumbran también una relación entre el número de personas en prisión y los distintos sistemas políticos. Finalmente se reflexiona acerca de cuál es el mejor modo de frenar las exigencias punitivas y se debate entre la alternativa de conceder mayor poder a los expertos o apostar por formas de democracia deliberativa.