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Derecho penal y protesta social–E. R. Zaffaroni

Referencia: Zaffaroni, Eugenio Raúl. «Derecho penal y protesta social». En ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina, 1–15. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 2010.

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SUMARIO:

I. Delimitación del fenómeno. II. La protesta no institucional. III. La protesta institucional siempre es atípica. IV. La protesta no institucional no siempre es típica. V. La protesta que se manifiesta en conductas típicas y la justificación. VI. La protesta que se manifiesta en conducta ilícitas y la culpabilidad. VII. Algunas reflexiones políticas.

El derecho de protesta no sólo existe, sino que está expresamente reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, pues necesariamente está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18, Declaración Universal de Derechos Humanos), en la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y en la libertad de reunión y de asociación pacífica (art. 20). Estos dispositivos imponen a todos los Estados el deber de respetar el derecho a disentir y a reclamar públicamente por sus derechos y, por supuesto, no sólo a reservarlos en el fuero interno, sino a expresar públicamente sus disensos y reclamos. Nadie puede sostener juiciosamente que la libertad de reunión sólo se reconoce para manifestar complacencia. Además, no sólo está reconocido el derecho de protesta, sino el propio derecho de reclamo de derechos ante la justicia (art. 8).

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El derecho como sistema de garantías–L. Ferrajoli

Referencia: Ferrajoli, Luigi. «El derecho como sistema de garantías». Jueces para la democracia, no. 16–17 (1992): 61–69.

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SUMARIO:

1. Crisis del derecho y crisis de la razón jurídica. El modelo garantista. 2. Racionalidad formal y racionalidad sustancial en el paradigma garantista de la validez. 3. Democracia formal y democracia sustancial. 4. El papel del juez y la legitimación democrática de su independencia. 5. La ciencia jurídica y el reto de la complejidad.

La superación del carácter ilimitado de la soberanía estatal y, por otra parte, del límite de la ciudadanía para el disfrute de los derechos fundamentales representa, pues, la condición para el desarrollo de un constitucionalismo mundial. La crisis actual del Estado nacional —de por sí saludable y en todo caso imparable— puede ser afrontada, en esta dirección, sólo repensando los topoi del constitucionalismo, dentro y fuera de nuestros ordenamientos, y al mismo tiempo aquellos a los que hay que confiar la rigidez normativa de los derechos fundamentales y sus garantías. Es cierto que no cabe pensar en una reforma del sistema de fuentes que reproduzca la vieja jerarquía vertical basada en la primacía de las fuentes centrales sobre las locales y periféricas. Esta jerarquía podría muy bien invertirse para la tutela de las autonomías en todos los niveles, siempre que quedase preservada la rígida primacía de las normas que garantizan derechos fundamentales sobre cualquier otra fuente.

La naturaleza como persona: Pachamama y Gaia – E.R. Zaffaroni

Referencia: Zaffaroni, Eugenio Raúl. «La naturaleza como persona: Pachamama y Gaia». En Bolivia: Nueva Constitución Política del Estado. Conceptos elementales para su desarrollo normativo, 109–132. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2010.

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EXTRACTO:

En los estrechos límites de esta presentación es imposible abarcar en detalle la complejidad de la dinámica ideológica (filosófica, ética y jurídica) de la relación del humano con su medio y, en especial, con las formas de vida no humanas. Semejante tarea importaría nada menos que recorrer toda la antropología filosófica, pues el humano siempre tuvo una actitud ambivalente frente al animal, dado que en buena medida se quiso conocer diferenciándose de éste e identificándose con Dios.

Es interesante observar que, pese al presupuesto de que los animales son inferiores, les atribuyó virtudes y defectos humanos. La torpeza del asno, la fidelidad del perro, la nobleza del caballo, la satanidad del gato, la abyección del cerdo, etc., son valoraciones humanas conforme a las que jerarquizó a los animales70 (coronando heráldicamente al oso primero y al león más tarde), lo que permanece vigente para injuriar o exaltar a otro ser humano.

Esta jerarquización fue dotada de carácter científico cuando, valiéndose de las semejanzas con algunos animales, los fisiognomistas clasificaron jerárquicamente a los humanos, tradición que después de pasar por la frenología de Gall entró en el campo parajurídico para dar estatus científico a la criminología con Lombroso y los positivistas, consagrando valores estéticos como fundamento de jerarquizaciones racistas, asociando lo feo con lo malo o primitivo.

Laicidad del derecho y laicidad de la moral – L. Ferrajoli

Referencia: Ferrajoli, Luigi. «Laicidad del derecho y laicidad de la moral». Revista de la Facultad de Derecho de México, n.o 248 (2007): 267–277.

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EXTRACTO:

La discriminación entre ética católica —o, como sea religiosa— y estado laico ético o confesional, por un lado, y laicidad de la ética y del derecho, por el otro, reside en las concepciones opuestas tanto de la verdad, como de la moral y del derecho. Es claro que una ética que se supone objetivamente “verdadera” también es una ética heterónoma, que se impone como la (única) moral y que, consecuentemente, pretende sustraerse al derecho e, inevitablemente, rechaza cualquier tolerancia jurídica o moral de opciones éticas diferentes; de la misma manera en que las matemáticas excluyen cualquier posible tolerancia teorética para una tesis falsa como “2 (más) 2 (igual a) 5”. Por el contrario, solamente la autonomía simultánea y la separación entre derecho (y Estado) y moral (o culturas) —que son sistemas de prescripciones que no son ni verdaderas ni falsas— está en condiciones de garantizar, con la laicidad del derecho y del Estado, el pluralismo cultural, la libertad de conciencia y de religión, la convivencia pacífica y el respeto de las diferentes identidades —naturales, religiosas, políticas y culturales— en sociedades complejas y diferentes como siempre han sido las sociedades y como son, hoy más que nunca, las sociedades actuales. Esa separación, de hecho, se realiza precisamente mediante la convención jurídica de la igual dignidad de todos y de la igual libertad de cada uno para practicar, sin causar daño a nadie, sus propias convicciones y opciones morales y religiosas, cualesquiera que estas sean: mayoritarias o minoritarias, dogmáticas o agnósticas e incluso (consideradas por otros) inmorales o irreligiosas.

Pasado y futuro del Estado de Derecho – L. Ferrajoli

Referencia: Ferrajoli, Luigi. «Pasado y futuro del Estado de derecho». Revista Internacional de Filosofía Política, no. 17 (2001): 31-45.

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EXTRACTO

Con la expresión «estado de derecho» se entienden, habitualmente, en el uso corriente, dos cosas diferentes que es oportuno distinguir con rigor. En sentido lato, débil o formal, «estado de derecho» designa cualquier ordenamiento en el que los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercitados en las formas y con los procedimientos legalmente establecidos. En este sentido, correspondiente al uso alemán del término Rechtsstaat, son estados de derecho todos los ordenamientos jurídicos modernos, incluso los más antiliberales, en los que los poderes públicos tienen una fuente y una forma legal.’ En un segundo sentido, fuerte o sustancial, «estado de derecho» designa, en cambio, sólo aquellos ordenamientos en los que los poderes públicos están, además, sujetos a la ley (y, por tanto, limitados o vinculados por ella), no sólo en lo relativo a las formas, sino también en los contenidos. En este significado más restringido, que es el predominante en el uso italiano, son estados de derecho aquellos ordenamientos en los que todos los poderes, incluido el legislativo, están vinculados al respeto de principios sustanciales, establecidos por las normas constitucionales, como la división de poderes y los derechos fundamentales.

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