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Derecho penal y protesta social–E. R. Zaffaroni

Referencia: Zaffaroni, Eugenio Raúl. «Derecho penal y protesta social». En ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina, 1–15. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 2010.

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SUMARIO:

I. Delimitación del fenómeno. II. La protesta no institucional. III. La protesta institucional siempre es atípica. IV. La protesta no institucional no siempre es típica. V. La protesta que se manifiesta en conductas típicas y la justificación. VI. La protesta que se manifiesta en conducta ilícitas y la culpabilidad. VII. Algunas reflexiones políticas.

El derecho de protesta no sólo existe, sino que está expresamente reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, pues necesariamente está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18, Declaración Universal de Derechos Humanos), en la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y en la libertad de reunión y de asociación pacífica (art. 20). Estos dispositivos imponen a todos los Estados el deber de respetar el derecho a disentir y a reclamar públicamente por sus derechos y, por supuesto, no sólo a reservarlos en el fuero interno, sino a expresar públicamente sus disensos y reclamos. Nadie puede sostener juiciosamente que la libertad de reunión sólo se reconoce para manifestar complacencia. Además, no sólo está reconocido el derecho de protesta, sino el propio derecho de reclamo de derechos ante la justicia (art. 8).

El derecho como sistema de garantías–L. Ferrajoli

Referencia: Ferrajoli, Luigi. «El derecho como sistema de garantías». Jueces para la democracia, no. 16–17 (1992): 61–69.

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SUMARIO:

1. Crisis del derecho y crisis de la razón jurídica. El modelo garantista. 2. Racionalidad formal y racionalidad sustancial en el paradigma garantista de la validez. 3. Democracia formal y democracia sustancial. 4. El papel del juez y la legitimación democrática de su independencia. 5. La ciencia jurídica y el reto de la complejidad.

La superación del carácter ilimitado de la soberanía estatal y, por otra parte, del límite de la ciudadanía para el disfrute de los derechos fundamentales representa, pues, la condición para el desarrollo de un constitucionalismo mundial. La crisis actual del Estado nacional —de por sí saludable y en todo caso imparable— puede ser afrontada, en esta dirección, sólo repensando los topoi del constitucionalismo, dentro y fuera de nuestros ordenamientos, y al mismo tiempo aquellos a los que hay que confiar la rigidez normativa de los derechos fundamentales y sus garantías. Es cierto que no cabe pensar en una reforma del sistema de fuentes que reproduzca la vieja jerarquía vertical basada en la primacía de las fuentes centrales sobre las locales y periféricas. Esta jerarquía podría muy bien invertirse para la tutela de las autonomías en todos los niveles, siempre que quedase preservada la rígida primacía de las normas que garantizan derechos fundamentales sobre cualquier otra fuente.

Derechos Humanos y sistemas penales en América Latina – E. R. Zaffaroni

Referencia: Zaffaroni, Eugenio Raúl. «Derechos Humanos y sistemas penales en América Latina». El poder punitivo del Estado. Criminología crítica y control social (1993): 63-74.

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La relación entre los sistemas penales y los derechos humanos en América latina puede establecerse desde una considerable pluralidad de puntos de vista, que en modo alguno podemos sintetizar en forma completa aquí. No obstante, para la presentación general del tema entendemos que existen dos dimensiones que deben privilegiarse por su especialísima significación: a) una la constituye el nivel descriptivo de la situación actual de los sistemas penales latinoamericanos, valorados conforme a los criterios que se derivan de los contenidos de los instrumentos internacionales -mundiales o regionales- de Derechos Humanos; y b) el nivel de las implicancias teóricas que tiene la anterior descripción y la orientación que en este ámbito brindan los Derechos Humanos como delimitadores del campo de la criminología latinoamericana.

Para nosotros, estas dos dimensiones son de fundamentalísima importancia para el desarrollo humano en la región. La primera, tiene un claro sentido desmitificador del discurso jurídico-penal latinoamericano. La segunda, nos permite concluir en una propuesta para la criminología latinoamericana, que puede merecer o no la denominación de “marco teórico”, según el criterio que se adopte para conceder esa “dignidad”, pero que nosotros llamamos realismo criminológico marginal, en el cual los Derechos Humanos resultan indispensables no sólo para establecer la estrategia, sino como estrategia misma.

Excede el marco de este trabajo sintético otra consecuencia teórica que también extraemos del primer nivel de vinculación de ambos términos, que es la elaboración de líneas directrices constitutivas de un realismo jurídico-penal marginal, que nos permita reformular la teoría del derecho penal latinoamericano, haciendo que la labor interpretativa (dogmática), recupere los mejores principios del derecho penal de garantías, sin apelar a ficciones contractualistas o a idealismos metafísicos, sino apoyándose en la apertura a datos de la realidad social.

Criminalidad y globalización – L. Ferrajoli

Referencia: Ferrajoli, Luigi. «Criminalidad y globalización». Boletín Mexicano de Derecho Comparado, n.o 115 (2006): 301–316.

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EXTRACTO:

Uno de los efectos perversos de la globalización es sin duda el desarrollo, con dimensiones que no tienen precedente, de una criminalidad internacional, a su vez global. Se trata de una criminalidad “global”, o “globalizada”, en el mismo sentido en que hablamos de globalización de la economía: es decir, en el sentido de que la misma, por los actos realizados o por los sujetos implicados, no se desarrolla solamente en un único país o territorio estatal, sino, a la par de las actividades económicas de las grandes corporations multinacionales, a nivel transnacional o incluso planetario.

Laicidad del derecho y laicidad de la moral – L. Ferrajoli

Referencia: Ferrajoli, Luigi. «Laicidad del derecho y laicidad de la moral». Revista de la Facultad de Derecho de México, n.o 248 (2007): 267–277.

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EXTRACTO:

La discriminación entre ética católica —o, como sea religiosa— y estado laico ético o confesional, por un lado, y laicidad de la ética y del derecho, por el otro, reside en las concepciones opuestas tanto de la verdad, como de la moral y del derecho. Es claro que una ética que se supone objetivamente “verdadera” también es una ética heterónoma, que se impone como la (única) moral y que, consecuentemente, pretende sustraerse al derecho e, inevitablemente, rechaza cualquier tolerancia jurídica o moral de opciones éticas diferentes; de la misma manera en que las matemáticas excluyen cualquier posible tolerancia teorética para una tesis falsa como “2 (más) 2 (igual a) 5”. Por el contrario, solamente la autonomía simultánea y la separación entre derecho (y Estado) y moral (o culturas) —que son sistemas de prescripciones que no son ni verdaderas ni falsas— está en condiciones de garantizar, con la laicidad del derecho y del Estado, el pluralismo cultural, la libertad de conciencia y de religión, la convivencia pacífica y el respeto de las diferentes identidades —naturales, religiosas, políticas y culturales— en sociedades complejas y diferentes como siempre han sido las sociedades y como son, hoy más que nunca, las sociedades actuales. Esa separación, de hecho, se realiza precisamente mediante la convención jurídica de la igual dignidad de todos y de la igual libertad de cada uno para practicar, sin causar daño a nadie, sus propias convicciones y opciones morales y religiosas, cualesquiera que estas sean: mayoritarias o minoritarias, dogmáticas o agnósticas e incluso (consideradas por otros) inmorales o irreligiosas.