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Retórica y Estado de Derecho – N. MacCormick

REFERENCIA: MacCormick, Neil. “Retórica y Estado de Derecho”. Isegoría: Revista de filosofía moral y política, nº 21 (1999): 5–21.

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SUMARIO: INTRODUCCIÓN – PRIMER LUGAR COMÚN: EL CARÁCTER ARGUMENTABLE DEL DERECHO – II. SEGUNDO LUGAR COMÚN: EL ESTADO DE DERECHO – III. HACIA LA RECONCILIACIÓN: a) Teorías retóricas; b) Teorías procedimentales; c) Derechos.

RESUMEN: El lugar común de que las proposiciones jurídicas son intrínsecamente argumentabIes se opone al lugar común rival de que el Estado de Derecho (Rule of Law) es valorado en consideración a la certeza jurídica. La reconciliación de esos aparentes contrarios toma en cuenta las aportaciones de las teorías de la retórica y de las teorías procedímentales de la razón práctica, situando así el problema de la indeterminación del Derecho en el contexto del carácter cuestionable de la acción estatal en los Estados libres. Esto no es incompatible con, sino exigido por, el Estado de Derecho, que es indebidamente considerada como asegurador de la certeza jurídica; la certeza derrotable es lo que resulta más deseable o alcanzable.

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La abolición del sistema penal, inconvenientes en Latinoamérica–M. Martínez

Referencia: Martínez Sánchez, Mauricio. La abolición del sistema penal : inconvenientes en Latinoamérica. Bogotá, Colombia: Temis, 1990.

Nota: Libro encontrado en internet. Actualmente descatalogado.


Martínez Sánchez, Mauricio. La abolición del sistema penal : inconvenientes en LatinoaméricaPRÓLOGO
Juan Bustos Ramírez

El abolicionismo es criminología crítica, pero ciertamente ella no se agota en el abolicionismo. La criminología crítica ha sido el movimiento criminológico más importante de las últimas décadas, pero ello no quiere decir, todo lo contrario, que al interior de ella no se presenten diferentes posiciones. Es más, dentro de estas se dan distintos matices entre los autores que las sostienen.

Especial relevancia han tenido en los últimos años el neorrealismo, el derecho penal mínimo y el abolicionismo. Esta última posición, justamente por su radicalismo, es la que más atención ha acaparado en la actualidad. De ahí la importancia del trabajo que presentamos, que constituye un esfuerzo notable de síntesis y de profundidad en el tratamiento del tema.

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Pluralismo jurídico y cultural en Colombia–M. Gutiérrez Quevedo

REFERENCIA: Gutiérrez Quevedo, Marcela. «Pluralismo jurídico y cultural en Colombia». Revista Derecho del Estado, n.o 26 (2011): 85–105.

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SUMARIO: Introducción. I. Metodología. II. Principio de diversidad étnica y cultural: concepto y fundamentos. III. Pluralismo cultural: caso wayúu. IV. Pluralismo jurídico: caso wayúu. A. La sociabilidad vindicatoria y la reparación. B. Los tres círculos. C. Los dos modos de reparación wayúu. V. Conclusiones

RESUMEN

Es una investigación interdisciplinaria nutrida de fuentes secundarias y primarias (estudios de caso, entrevistas, historias de vida) sobre el pluralismo jurídico y cultural en Colombia. Se realiza un acercamiento al principio de diversidad étnica y cultural con tres elementos dinamizadores como son la tolerancia activa, la preexistencia del pluralismo jurídico y cultural y el reto del multiculturalismo. Para entender el concepto del pluralismo jurídico el estudio científico se complementa con un estudio de caso: el pueblo wayúu, del norte de Colombia. Para finalizar se hace una comparación con la justicia del norte de Colombia. Para finalizar se hace una comparación con la justicia colombiana (penal) y la justicia restaurativa “compositio”.

Derecho penal y diferencias culturales: el caso peruano – J. Hurtado Pozo

Referencia: Hurtado Pozo, José. «Derecho penal y diferencias culturales: el caso peruano». Derecho penal y criminología 29, n.o 86–87 (2008): 59–94.


SUMARIO: I. Introducción. II. Planteamiento. III. Fuentes del artículo 15. IV. Interpretación predominante. V. Comentarios críticos. VI. Aplicación del artículo 15. VII. Diferencias culturales respecto de los inmigrantes: el caso suizo. A. Error de prohibición. B. Individualización de la pena. VIII. Conclusiones.

El reconocimiento de facultades jurisdiccionales (comprendidas las penales) a las comunidades andinas y nativas, así como la consecuencia inevitable de que se aplique el derecho consuetudinario, hace necesario que se plantee la cuestión de saber en qué medida la aplicación de ese derecho debe hacerse teniendo en cuenta los principios fundamentales tanto del derecho penal sustantivo como del derecho procesal penal. Si bien esto podría comportar que se repiensen las categorías penales, un sólo límite es claro: su aplicación debe hacerse respetando los derechos fundamentales.

Este límite supone que las autoridades comunales estén familiarizadas con los alcances de dichos derechos, lo que significaría que deben “aculturizarse”, al menos parcialmente, asimilando la comprensión de los derechos fundamentales. O, por el contrario, debería admitirse, por respeto estricto a su cultura, que esas autoridades deben comprender estos derechos de conformidad con sus propias pautas culturales. Esto muestra que en el fondo la cuestión es más compleja que la de una simple regulación legal o esclarecimiento dogmático, y toca más bien el fundamento en que debe basarse un determinado reconocimiento de las diferencias culturales en un mismo contexto político, social y estatal. Unidad compatible con pluralidad, gracias a un diálogo intercultural.

Derecho penal y protesta social–E. R. Zaffaroni

Referencia: Zaffaroni, Eugenio Raúl. «Derecho penal y protesta social». En ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina, 1–15. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 2010.

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SUMARIO:

I. Delimitación del fenómeno. II. La protesta no institucional. III. La protesta institucional siempre es atípica. IV. La protesta no institucional no siempre es típica. V. La protesta que se manifiesta en conductas típicas y la justificación. VI. La protesta que se manifiesta en conducta ilícitas y la culpabilidad. VII. Algunas reflexiones políticas.

El derecho de protesta no sólo existe, sino que está expresamente reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, pues necesariamente está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18, Declaración Universal de Derechos Humanos), en la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y en la libertad de reunión y de asociación pacífica (art. 20). Estos dispositivos imponen a todos los Estados el deber de respetar el derecho a disentir y a reclamar públicamente por sus derechos y, por supuesto, no sólo a reservarlos en el fuero interno, sino a expresar públicamente sus disensos y reclamos. Nadie puede sostener juiciosamente que la libertad de reunión sólo se reconoce para manifestar complacencia. Además, no sólo está reconocido el derecho de protesta, sino el propio derecho de reclamo de derechos ante la justicia (art. 8).