Derechos Humanos y sistemas penales en América Latina – E. R. Zaffaroni

Referencia: Zaffaroni, Eugenio Raúl. «Derechos Humanos y sistemas penales en América Latina». El poder punitivo del Estado. Criminología crítica y control social (1993): 63-74.

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La relación entre los sistemas penales y los derechos humanos en América latina puede establecerse desde una considerable pluralidad de puntos de vista, que en modo alguno podemos sintetizar en forma completa aquí. No obstante, para la presentación general del tema entendemos que existen dos dimensiones que deben privilegiarse por su especialísima significación: a) una la constituye el nivel descriptivo de la situación actual de los sistemas penales latinoamericanos, valorados conforme a los criterios que se derivan de los contenidos de los instrumentos internacionales -mundiales o regionales- de Derechos Humanos; y b) el nivel de las implicancias teóricas que tiene la anterior descripción y la orientación que en este ámbito brindan los Derechos Humanos como delimitadores del campo de la criminología latinoamericana.

Para nosotros, estas dos dimensiones son de fundamentalísima importancia para el desarrollo humano en la región. La primera, tiene un claro sentido desmitificador del discurso jurídico-penal latinoamericano. La segunda, nos permite concluir en una propuesta para la criminología latinoamericana, que puede merecer o no la denominación de “marco teórico”, según el criterio que se adopte para conceder esa “dignidad”, pero que nosotros llamamos realismo criminológico marginal, en el cual los Derechos Humanos resultan indispensables no sólo para establecer la estrategia, sino como estrategia misma.

Excede el marco de este trabajo sintético otra consecuencia teórica que también extraemos del primer nivel de vinculación de ambos términos, que es la elaboración de líneas directrices constitutivas de un realismo jurídico-penal marginal, que nos permita reformular la teoría del derecho penal latinoamericano, haciendo que la labor interpretativa (dogmática), recupere los mejores principios del derecho penal de garantías, sin apelar a ficciones contractualistas o a idealismos metafísicos, sino apoyándose en la apertura a datos de la realidad social.

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