Pena y estructura social – Rusche, G. y Kirchheimer, O.

pena y estructura social Referencia: Rusche, Georg, y Otto Kirchheimer. Pena y estructura social. Traducido por Emilio García Méndez. Bogotá: Temis, 1984.

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PRÓLOGO por Thorsten Sellin

La mayoría de los estudiosos de la pena de orientación liberal afirman actualmente que la protección de la sociedad constituye el fin de la misma. Este punto de vista, que puede ser considerado como producto de un cambio cultural general, no deja de ser en buena medida determinado por el crecimiento, en las últimas décadas, de los estudios sicológicos, psiquiátricos y sociológicos acerca del delincuente. Aquellos que sostienen este enfoque se inclinan a estimar la pena, y sobre todo el tratamiento penal, como algo que debe ser adoptado luego de un estudio no emocional y científico del problema; se piensa en medios gracias a los cuales la defensa social puede ser llevada a cabo: investigación de las causas del delito que posibilite una eliminación efectiva de los factores criminógenos, la rehabilitación o segregación —quizás, inclusive el exterminio— de los delincuentes sobre la base de considerar científicamente las posibilidades de reincorporarlos a la vida social como miembros útiles de la comunidad. El resultado —la defensa social— es percibido como fin, diferente en su esencia a la venganza y a la retribución, entendidas ambas como características de la pena en el pasado y sobrevivientes en alguna medida en el derecho penal de nuestra época.

Existe una curiosa falacia en la lógica de un pensamiento semejante; ello porque resulta imposible contraponer la "venganza" o la "retribución" a la "defensa de la sociedad". Cada grupo social, cada sociedad políticamente organizada, impone penas a quienes violan sus reglas. Reglas que se han desarrollado porque la sociedad ha creado o adoptado valores sociales fundamentales la agresión a los cuales debe ser combatida. Tales valores son juzgados como propiedades esenciales de la defensa social y la estabilidad, y toda amenaza en contra de ellos o toda violación de las normas que los protegen es entendida como un daño que debe ser prevenido por medio de la pena, cuya ejecución es considerada no solo como el restablecimiento del deber de obediencia sino, además, como reacción defensiva del cuerpo social contra quienes violan sus reglas. En otras palabras, la defensa social constituye el fin de la pena o del tratamiento penal, cualesquiera que sean las formas que ellos asuman.

Más aún, los valores sociales a los que la ley otorga protección, las leyes puestas en vigor por el poder político del Estado que se expresan en el Código Penal, son aquellas estimadas como necesarias por los grupos sociales que mediante su influencia sobre el Estado poseen el poder para lograr su creación Este último hecho no es claro cuando hacemos referencia a Estados de tipo democrático; sin embargo, en otras formas de organización política aquel aparece como obvio. Un buen ejemplo de ello lo ofrecen las distinciones de clases en el derecho penal, con penas diferentes para amos y esclavos o nobles y comunes. En última instancia, el objetivo de toda pena resulta la protección de los valores sociales que el grupo dominante de un Estado considera como legítimos para el "conjunto de la sociedad".

La multiplicidad de las teorías punitivas y la confusión que ellas generan parecen deberse a la falta de distinción entre medios y fines. Los medios para asegurar la "defensa social" han variado profundamente a causa de que quienes poseen el poder de hacer cumplir las leyes en las diferentes sociedades, han elegido los medios que creían más eficaces para garantizar la obediencia a la ley en una etapa determinada. La confianza en los distintos medios resulta a su vez condicionada por la tradición, el nivel de conocimiento y la naturaleza económica y social de las instituciones. Las penas corporales o las torturas del pasado, no representan una evidencia de instintos sádicos o sanguinarios por parte de quienes las utilizaron: más bien dan testimonio del hecho de que quienes las adoptaron no concebían un medio mejor, es decir, más eficiente, para asegurar la defensa de los valores sociales que protegían.

El carácter de las penas resulta, por lo tanto, íntimamente relacionado con los valores culturales del Estado que los emplea y dependiente de ellos.

Uno de los méritos de los autores del trabajo que aquí se presenta, consiste en mostrar las estrechas interrelaciones entre la pena y la cultura que la ha producido, contribuyendo además a hacer accesible una considerable cantidad de información histórica desconocida hasta ahora en lengua inglesa. Inclusive aquellos que puedan encontrar en la interpretación de los autores la referencia demasiado estricta a un punto de vista, descubrirán en este libro un pensamiento estimulante que pocas publicaciones en este campo de investigación proporcionan.

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