Sobre la Critica a la Teoria de la Prevencion General Positiva – B. Schunemann

Bernd Schünemann es, en Alemania, uno de los principales contradictores de los postulados que sustenta el penalista Günther Jakobs, quien con su teoría de la prevención general positiva, domina hoy en día gran parte del debate dogmático.De acuerdo con esta teoría, el fin de la pena se encontraría en una supuesta reafirmación de los individuos en la fidelidad hacia la norma que el delincuente ha quebrantado. De este modo, el Derecho penal cumpliría la función principal de reafirmar a la sociedad en sus propias bases a través del aseguramiento de que, no obstante sean quebrantadas las normas jurídicas que dan sustento a la vida social, ellas mantienen su vigencia. Así, la pena viene a ser la negación de la negación de la norma, que reafirma su vigencia, por cuanto «una norma también rige cuando es infringida; ya el mero hecho de que la infracción de la norma es denominada como tal es un caso evidente de vigencia de la norma».

En este artículo Schünemann, realiza un análisis crítico de la teoría de la prevención general positiva, fundamentalmente en su concepción jakobiana, intentando responder a la pregunta de si ella es capaz de dar salida a la crísis de legitimación por que actualmente cruza el Derecho penal.

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Schünemann, Bernd, «Sobre la Crítica a la Teoría de la Prevención General Positiva», en «Política Criminal y Nuevo Derecho Penal (Libro Homenaje a Claus Roxin)», Jesús-María Silva Sánchez (ed.), Barcelona: Editorial Bosch, 1997)

SOBRE LA CRÍTICA A LA TEORÍA DE LA PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA*

Por Bernd Schünemann
Catedrático de Derecho penal. Universidad de Munich
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I. Introducción

1. En un tiempo en el que el Derecho penal estatal no se cuenta ya entre las instituciones que resultan evidentes, y en el que no sólo el profano o los criminólogos, sino incluso la propia dogmática penal se declaran partidarios[1] del abolicionismo, la centenaria cuestión sobre el sentido y fin de la pena ha dejado de ser un mero ejercicio filosófico carente valor, para pasar a ser un problema central que afecta a la legitimación misma del Estado moderno. Lo mismo cabe decir en consecuencia sobre la supervivencia de toda un área científica y de quienes en ella trabajan. Las turbulencias y los profundos cambios de dirección, que durante los últimos años han marcado la discusión en este tema, deben calificarse como todavía más graves. En Alemania dominó hasta bien entrados los años sesenta la teoría de la retribución,[2] mientras que la teoría de la prevención general estaba al mismo tiempo en descrédito. A ésta, entre otras cosas, se le había criticado —ya en 1963, por nuestro homenajeado maestro y mentor Claus Roxin— que no podía fundamentar el rigor de la pena ni limitar sus consecuencias; que era cuestionable desde el punto de vista político-criminal y que carecía de una firme legitimación en consonancia con los fundamentos del ordenamiento jurídico.[3] Pocos años más tarde se proclamaba el «adiós a Kant y Hegel»[4] por los que habían sido autores del Proyecto Alternativo, que tan extraordinariamente influyó en la reforma del Derecho penal; y que permitió a continuación considerar, durante cierto tiempo como verdadero motor de la reforma penal alemana, la tesis de la prevención especial, con las medidas de seguridad de carácter socioterapéutico como su punta de lanza, propuestas por dicho Proyecto y aceptadas de momento por el legislador.[5] Sin embargo, pocos años más tarde, se declaraba en un amplio frente la crisis de la ideología del tratamiento.[6] Y se alza ahora con impresionante rapidez, como el ave fénix desde sus cenizas, el concepto de la llamada prevención general positiva.[7] En 1992 Claus Roxin la califica en su importante tratado como «casi dominante». En la misma línea del Tribunal Constitucional (Bundesverfassungsgericht),[8] ve su fundamento en mantener y robustecer la confianza en la fuerza estabilizadora y prevalente del ordenamiento jurídico;[9] por consiguiente, en la tarea de mostrar la inquebrantabilidad del mismo ante la comunidad jurídica; y así, en fortalecer la fidelidad de la colectividad al Derecho. En la misma pueden distinguirse —de nuevo según Roxin—[10] tres finalidades y efectos diversos. A saber: un efecto didáctico (de motivación, socio-pedagógico) en cuanto ejercitamiento de la fidelidad al Derecho, en el sentido de Jakobs;[11] un efecto de confianza, si el ciudadano ve que el Derecho prevalece; y, finalmente, uno de satisfacción, si con la sanción por el quebrantamiento del Derecho se considera apaciguada la conciencia jurídica general y concluido el conflicto con el autor (lo que podría denominarse también «prevención de integración»).

2. Los condicionamientos empíricos de esta teoría son en la actualidad vivamente discutidos.[12] Quisiera hoy ocuparme no de ellos, sino de una cuestión analítica y de dogmática jurídico-penal: sobre si el concepto de prevención general positiva puede conducir a los resultados de ella esperados, sobre todo al de ser el fundamento último y la legitimación del Derecho penal.

II. La crítica de von Hirsh y Hörnle

Con este fin quisiera en primer lugar ocuparme de la detallada crítica que recientemente han llevado a cabo Tatjana Hörnle y Andrew von Hirsch.[13] Dichos autores agrupan sus críticas en dos corrientes. Por un lado, en el plano de la filosofía moral, ya meras consideraciones de utilidad les llevan a cuestionar la legitimidad de la pena. Y, por otro, en el plano de la sociología, la ponen en duda por la influenciabilidad del sentimiento de justicia de la colectividad a través de medidas adoptadas en función del mismo.

1. Comienzo por el argumento referido en último lugar. El mismo conduce a negar a la prevención general positiva la capacidad de fundamentar el Derecho penal y pone de relieve que se basa en una premisa tomada ocultamente de la teoría de la retribución. ¿Cómo puede influirse positivamente en la confianza de la colectividad en el Derecho a través de la sanción de un individuo, si no damos ya por supuesto que ésta es conforme con el principio de justicia? Más bien sucede al contrario: si la sanción de un delincuente no es en sí misma conforme con el principio de justicia, aunque la colectividad, en virtud de sus arcaicas representaciones, mantenga que lo es, no podrá seguir siendo justo recurrir a las mismas como concepto al servicio de la prevención general positiva. Si así fuera, la justicia penal, conceptualmente ajena a la influencia de prejuicios, fundamentaría la pena —que en realidad pasaría a ser injusta— en unas concepciones sociales superadas. Con ello se abusaría del delincuente como medio para satisfacer anticuados prejuicios, lo cual conduciría a una hipocresía; e incluso con esa justificación se impediría cualquier efectividad de la pena.[14]

En realidad el intento de fundamentar el Derecho penal en la idea de prevención general conduce a un círculo cerrado. En ningún lugar como en el sistema de Günther Jakobs se pone ello tan claramente de relieve. Al mismo, como también a su concepto de culpabilidad, cabe dirigir el reproche de terminar en un círculo vicioso.[15] Cuando Jakobs define[16] la pena como reacción llevada a cabo a expensas del autor por el quebrantamiento de la norma, con el fin de ejercitar a la población en la confianza en el Derecho, no puede así explicar ni la necesidad de pena ni su legitimación frente al afectado. Sobre ello han llamado la atención Hörnle y von Hirsch. De este modo, serían perfectamente imaginables otras formas de reacción, como por ejemplo desarrollar una campaña de prensa, o un minuto de silencio en un programa televisivo —como señalan estos autores—. O bien llevar a cabo simbólicos acuerdos de buenas intenciones por comités,[17] como de hecho han propuesto Lüderssen y otros a propósito de la criminalidad política en la DDR.[18]

2. También considero acertado el otro argumento de Hörnle y von Hirsch: la función de la pena, y, por tanto, sus consecuencias sociales no pueden aportar[19] ningún fundamento suficiente de su rectitud moral. Resulta también rotundo este argumento frente a la exhaustividad de la concepción funcionalista de Jakobs. En cambio, el mismo pierde fuerza frente a la por Roxin denominada teoría preventiva de la unión.[20] Según dicho autor, el sentimiento de justicia —al que otorga gran valor para la estabilización de la conciencia jurídica general— conduce a que nadie pueda ser sancionado más duramente de lo que merece. Y sólo sería «merecida» una pena adecuada a la culpabilidad.[21] Exige entonces Roxin, junto a las necesidades preventivas, también una legitimación para las consecuencias del mal que supone la pena frente al autor: la medida de su culpabilidad. Sin embargo, se debilita la fuerza de este principio de legitimación desde el momento en que se muestra partidario de una concepción puramente normativa de la culpabilidad, cuya base ontológica, o sea, el libre albedrío humano, no sería demostrable ni discutible.[22] Así, sin la base ontológica del poder actuar de otro modo, la culpabilidad sería sólo una suposición en el sentimiento de justicia de la colectividad, cuya confianza ciega en una culpa real desencadenaría entonces en la necesidad tan sólo de confirmar una norma a través de la pena. Conduciría en esa medida al concepto de prevención general como fundamentador de la pena.[23] Por ello, tampoco la teoría preventiva de la unión en el sentido de Roxin me parece aportar una fundamentación concluyente.

3. Pero a la vez me resulta difícil mantener que ello resulte posible en la solución de Hörnle y von Hirsch. Describen la esencia de la pena como una combinación de reproche moral y consecuencias perjudiciales reales. Dicho reproche quedaría legitimado, como el propio von Hirsch en otros escritos ha expresado,[24] por medio de su autorización moral: se legitiman las consecuencias dañinas con base en necesidades preventivas. Esta diferencia, por así decir horizontal, entre reproche y consecuencias perjudiciales, que se encuentra también en los representantes de la filosofía analítica, particularmente en Strawson,[25] significa, en mi opinión, no obstante, un dudoso desdoblamiento de la legitimación del mal que supone la pena. Por eso prefiero emplear en su lugar no dicha división horizontal, sino la relación de niveles entre objeto del lenguaje y metalenguaje.[26] De este modo, la pena como tal mal, en el plano lingüístico se impondría a un culpable a causa de necesidades preventivas para la protección de bienes jurídicos, y frente al mismo resultaría justificada la imposición en virtud de su culpabilidad; y en el plano metalingüístico se concebiría como reproche. El resultado comunicativo en este meta-nivel es entonces provocar consecuencias simbólicas como consecuencia de la condena y con ello efectos de prevención general positiva.

4. Para continuar desde estas reflexiones, me parece que hemos de considerar la prevención general positiva como un efecto secundario típico. Al mismo se ha dedicado demasiada importancia en los últimos años por parte de los autores que se han ocupado de la teoría de la pena, entre ellos también por mí.[27] Por eso, en la segunda parte de mis reflexiones quisiera intentar determinar su legítima ubicación en una teoría de la pena.

III. La relación entre utilidad y legitimación

1. La distinción que hasta ahora he trazado —pero no ulteriormente desarrollado— entre la consideración funcional de la pena criminal y su legitimación frente al afectado nos remite a una cuestión clave: la de su fundamentación moral. Aquí sólo puedo esbozarla someramente. Un utilitarista convencido establecerá la legitimación sólo en razón de la eficiencia en las consecuencias (per Saldo), de tal manera que el punto de vista funcional coincidirá para él con la legitimación.[28] En teoría sería perfectamente factible una concepción semejante, pero resultaría por entero incompatible con el desarrollo de las concepciones dominantes de la Filosofía moral. Eso lo busca en definitiva todo sistema moral —tan distintos por lo demás en planteamientos y contenidos—, con una combinación de ideas utilitaristas y una legitimación frente a los perjudicados en cada caso. En el pensamiento utilitarista ha tenido lugar a través de la evolución desde el utilitarismo de la acción al de las reglas.[29] Pero eso no es nada nuevo con respecto al principio de generalización o de igualdad, que volvemos a encontrar en diferentes versiones, pero en gran medida con el mismo contenido, tanto en la ética aristotélica,[30] la regla de oro,[31] o el imperativo categórico kantiano,[32] como en el velo de ignorancia de Rawls.[33] En los sistemas de Derecho penal con strict liability este principio de igualdad es suficiente ya por sí mismo para legitimar la sanción penal. Mientras que en un sistema de radical défense social el bien entendido interés propio del autor aporta los motivos de legitimación: sería un paternalista modo de ver —como gusta hoy decirse en la terminología[34] angloamericana—. Frente a ello, en el Derecho penal del continente europeo sólo se encuentra una satisfactoria legitimación de la aplicación del mal que encierra la pena en el principio de culpabilidad: esto es, en el argumento de que lo injusto del hecho era previsible y evitable para el autor individual, de tal modo que, de haberlo querido, habría podido evitar las consecuencias. Ya me he referido por extenso en otras ocasiones —adonde ahora me remito[35]— a que si queremos deducir de esta evitabilidad una legitimación de la pena, debe aquélla concebirse no como un concepto normativo, sino que podemos y debemos tomarla como algo ontológico. En este contexto sólo trae consigo como resultado que la evitabilidad individual, y la objetivamente equivalente reprochabilidad individual del hecho, constituyan el fundamento legitimador indispensable del mal que supone la pena; por estas razones han de tenerse en cuenta en el concepto de pena. Con la aplicación de la pena únicamente a hechos antijurídicos y reprochables (vorwerfbaren) se realiza, sin embargo, eo ipso el carácter de censura (Tadel) de la pena, pues éste no aporta entonces más que un juicio analítico (scil. del plano meta-lingüístico), como ya se ha señalado más arriba.

2. Evidentemente no puede entonces afligirse un mal sólo por este motivo. Aunque pudiera legitimarse frente al afectado, no reportaría todavía finalidad alguna, y con ello ningún fundamento suficiente para la conducta. Por otra parte, está fuera de discusión[36] en el presente que el fin de la pena sólo puede ser la protección de bienes jurídicos y, por tanto, la evitación de delitos. En este sentido, si entonces la concreta relación funcional debe o no ser congruente con el llamado tipo de culpabilidad, no se ha dicho con ello todavía por qué camino se alcanzará dicho fin. Un claro ejemplo de esta absolutamente errónea congruencia lo ofrece la prevención especial como fin de la pena: no se funda en la infracción primaria de la norma y su evitabilidad, sino sólo en el consiguiente peligro futuro que procede del infractor de la misma. Y por eso, incluso sitúa a la infracción primaria de la norma por medio del hecho en una paradójica relación de tensión, pues si una intervención preventivo-especial del Estado se funda, no ya en un rechazo social en cuanto tal, sino sólo en la perpetración de un delito primario, es entonces precisamente la comisión del mismo (lo formulo de modo exagerado) algo deseado desde la perspectiva de la necesidad de resocialización. Las restricciones extraídas aquí del principio de culpabilidad son a todas luces, en el contexto de la prevención especial, un cuerpo extraño, perturbador. Esta incongruencia del fin preventivo especial de la pena con el tipo de culpabilidad aumenta todavía más si se contempla la norma de prohibición como la temporal y real norma jurídico penal primaria, pues el fin de la misma es claramente y por antonomasia el impedir la lesión de bienes jurídicos. De tal manera que, desde esta perspectiva temporal, la resocialización del delincuente carece de lugar. En consecuencia, deberá después diferenciarse, sin embargo, junto a la cuestión de los fines de la pena, si la resocialización se alcanza en el momento de la conminación de la pena o en el de su imposición. Lo cual conduce a la siguiente cuestión: si puede ser válida en el momento de la imposición de la pena una finalidad por principio o bien parcial, como sucede en el de la conminación.

IV. Prevención general por la conminación y prevención general por la imposición

1. Si se considera seriamente, se percibe enseguida cómo la acostumbrada oposición entre prevención general positiva y negativa[37] es tan lógica como deficiente. Lo mismo sucede con la más reciente distinción trazada entre prevención general de conminación y prevención general intimidatoria.[38] En lo sucesivo, a la cuestión de los fines de la pena debe responderse, al menos de momento, desde la perspectiva de la norma primaria, o sea, de la prevención general de conminación, pues llevar a cabo entonces la determinación de los fines posiblemente sea cuanto menos condicionante de todo lo demás, y no al contrario.

Tan pronto como ambas reglas sean tomadas en consideración, se deshacen por sí mismos muchos problemas y aparentes contradicciones de la discusión hasta ahora mantenida sobre las finalidades de la pena. La amenaza penal atribuida a la prohibición tiene un efecto de prevención general tanto positiva como negativa: por un lado, ya la prohibición acompañada de la conminación penal robustece la conciencia jurídica general y hace presente el valor del bien jurídico; por otro lado, cuando la amenaza de pena anticipa idealmente un efecto intimidatorio, es manifestación de prevención general negativa.[39] Entre ambos efectos tampoco existe en realidad conflicto alguno, sino una relación de combinación que encierra precisamente por eso un significado relevante para la efectividad del Derecho penal. Así, cuando se trata de los muchos delitos no racionalmente calculados, sino llevados a cabo de modo espontáneo, puede lograrse el efecto intuitivo de la prevención general positiva mejor que el de la negativa, fundada en una consciente ponderación. Además, existe plena congruencia entre la prevención general por la conminación y las condiciones de legitimación del principio de culpabilidad: como la norma prohibitiva influye sobre sus destinatarios por medio del proceso de motivación, su efecto sólo puede ser el de evitar lesiones para bienes jurídicos que sean perfectamente evitables. De este modo, también el concepto de la prevención general por la conminación presupone el libre albedrío. Carl Ferdinand Hummel, el gran teórico alemán del Derecho penal de la Ilustración y contemporáneo de Beccaria, era ciertamente de otra opinión y aducía como demostración la del perro al que igualmente se podría adiestrar por medio de la amenaza penal.[40] Sin embargo, pasó por alto que esta amenaza de sanción para adiestrar a un destinatario carente de libertad, como es ineficaz, excluye la necesidad de su imposición, mientras que sólo frente a un destinatario con libertad dicha amenaza acarrea como consecuencia necesaria infligir el mal amenazado, caso de su desobediencia. Pues si un destinatario sin libertad no reacciona ante una amenaza, claramente entonces carecía de sentido para él. Por tanto, realizar a continuación el mal amenazado es precisamente un sin sentido. Que se proceda con los perros la mayor parte de las veces de modo diverso tiene en realidad un fundamento puramente preventivo especial: se administra el amenazado golpe con el palo no a causa de la falta ya acaecida, sino en atención a una eventual amenaza futura. A través de ésta entonces, el desagradable y doloroso recuerdo del palo provoca el efecto reflejo de obediencia.

Entre el fin de la pena de la prevención general por la conminación y la legitimación a través del principio de culpabilidad existe pues plena congruencia. Y cabe aplicar la intrínseca unificación (Ineinssetzung) entre culpabilidad y prevención[41] propugnada por Jakobs, aunque de modo diverso al que él lo expresa: no en la forma de sustancial desaparición de un autopermanente principio de culpabilidad, sino en la forma de delimitación de la prevención general según la capacidad individual de evitar del autor. En definitiva: la lesión culpable de bienes jurídicos.

2. Si esto es correcto, entonces puede aventurarse una hipótesis: al comienzo de casi todas las culturas existe el pensamiento de la retribución, imposible de erradicar de la conciencia jurídica general. La consecuencia resultante de concebir la amenaza de pena sólo frente a personas dotadas de libre albedrío, y, por tanto, que realizan comportamientos culpables, y de que en esa medida es necesario imponer la pena señalada —pues ello resulta ineludible para un Estado que no quiere quedar respecto del delito como un embustero—,[42] es que en su objetiva aplicación se concibe desde todo punto de vista como adecuada retribución. Todo ello puede, además, combinarse con la necesidad de venganza como un instinto primitivo surgido del impulso agresivo. Además, como tercer concepto básico se acude a la idea de que la prolongación del Derecho penal en el más allá es, en culturas que disponen de un concepto sustancial de vida después de la muerte, el modo más práctico para guiar la conducta social. Por ello, no puede sorprender en adelante el fundamento metafísico de la teoría retribucionista. De este modo, el instinto primitivo de venganza, la explicación religiosa del mundo, y el mecanismo lógico de la prevención general a través de la conminación en conexión con el principio de culpabilidad, todos ellos a la vez hacen que el pensamiento de la retribución se convierta en principio por excelencia (kat’ exochen) de justicia.

3. ¿Qué resulta pues de esto para el juicio sobre la aplicación de la pena en cuanto «afirmación contrafáctica de la norma» en la referida prevención general positiva? En caso de que se parta de ella, que la amenaza de pena debe ser calculable ya por el autor en el momento de la realización del hecho. En favor de esta idea obra muy eficazmente el principio general nulla poena sine lege[43] cimentado en la Constitución, pues el efecto en la colectividad de la aplicación singular de la pena es un simple epifenómeno, al cual no se añade ningún significado por el hecho de que se determine elevar la pena. Formulada de otro modo, la prevención general positiva es, pues, un bienvenido efecto concomitante, pero carente de significado teorético propio. Sin embargo, la considerable popularidad de la prevención general positiva en la discusión actual me parece resultado de que el fenómeno del consabido castigo selectivo de lesiones para bienes jurídicos,[44] que ha pasado a ser cada vez más característico de la moderna doctrina penal, puede resultar en apariencia más fácilmente justificado si se observa que una reducida cuota de sanción resulta ya suficiente para mantener la confianza de la colectividad en el Derecho.[45] Recuerda a algo de la teoría sociológica de Helmut Popitz: una utilización selectiva del Derecho penal sería ya apropiada precisamente para el mantenimiento de la confianza de la población en la norma, mientras que persiguiendo en cambio absolutamente todas las infracciones se reconoce en realidad la mínima validez de la norma en general y, en esa medida, se experimentaría un absoluto colapso.[46] Si se trazara este diagnóstico en el programa de la norma de conducta, ésta rezaría algo como lo siguiente: «no debes hurtar cosas ajenas, de lo contrario eventualmente has de contar con una pena». De este modo, queda caracterizada la norma de prohibición como inquebrantable mandato de conducta en cierta manera evidente. Resulta así claro si se acentúa en contra de ello la teoría de la prevención general positiva tan sólo en el acto de imposición de la pena: aun cuando la amenaza de la sanción ya estuviera categóricamente formulada en la Ley, en la fase de aplicación sería fijada a partir del nivel mínimo de sanción necesario para el mantenimiento de la confianza de la población en la norma. Pero eso sería un autoengaño, pues en realidad debe anticiparse ya por la norma de conducta de modo natural la praxis de la imposición de la sanción contenida en el programa de la norma. Por tanto, ello confirma que la norma de conducta, y la conminación con una pena a ella vinculada, gozan de primacía lógica sobre la imposición de la misma; y que debe desarrollarse la teoría de la pena desde la conminación por medio de la sanción. Con la imposición de la pena pueden sin duda presentarse después puntos de vista adicionales, como quizá la idea de la prevención especial. Ésta, al encerrar exclusivamente un juicio de futuro, carece de lugar en la norma de conducta, y ha de desarrollarse en la teoría de la medición de la pena, a la que no puedo aquí referirme más extensamente. Sin embargo, esto sólo podrá llevarse a cabo en el marco de una pena que se defina desde la perspectiva de la amenaza penal y no en contradicción con la misma.

4. Llego así al resultado de que, en la nueva discusión, tanto la trascendencia lógica como el significado dogmático de la prevención general positiva, o no son adecuadamente apreciados o bien son sustancialmente sobreestimados. En el centro de la teoría de la pena ha de situarse la prevención general de amenaza, que en todo caso posee una faceta positiva o integrativa, como también una negativa o disuasoria. Sus caracteres son congruentes con los presupuestos del principio de culpabilidad. Elaborar una construcción con independencia del mismo, aunque quizá fuera teóricamente posible sobre una sobreestimada prevención general, no resultaría, sin embargo, legitimable a la luz de aquél. Para la efectividad del Derecho penal es relevante el concepto de la prevención general positiva en la medida en que permite tomar en cuenta los mecanismos de efectos colectivos ínsitos a la misma, que se presentarían por un racionalismo y psicología individualista como erróneos. Sin embargo, no resulta de ello una finalidad de la pena independiente.

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NOTAS

* Traducción del original alemán Zur Kritik an der Theorie der positiven Generalprävention, a cargo de Pablo Sánchez-Ostiz. Universidad Pompen Fabra

[1] Cfr. sobre este tema las profundas observaciones que recientemente expresa Lüderssen, Abschaffen des Strafens?, 1995.

[2] Cfr. Maurach, Deutsches Strafrecht, 2.’ ed., 1958, pp. 46 y ss., 59 y ss.; también, el mismo 4.ª ed., 1971, pp. 76 y ss.; Mezger, Strafrecht, 3.’ ed., 1949, pp. 14 y ss.; v. Weber, Grundiß des deutschen Strafrechts, 2.” ed., 1948, pp. 20 y ss.; Spendel, Zur Lehre vom Strafmaß, 1954, pp. 71 y ss.; Wegner, Strafrecht AT, 1951, pp. 23 y SS.; BVerfGE, 22, 125, 132; 39, 1, 57; Begründung zum E 1962, pp. 96 y 206.

[3] En Strafrechtliche Grundlageprobleme, 1973, p. 10.

[4] Así el título de la contribución de Klug, en Baumann (ed.), Programm für ein neues Strafgesetzbuch, 1968, p. 36.

[5] Cfr. Baumann et al, Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuchs, 2.ª ed. 1969: § 69 con fundamentación; § 65 StGB, según la versión dada por la 2.ª StRG de 4 de julio de 1969, recogido por la Ley de 20 de diciembre de 1984 de modificación de la Ley de ejecución penal (llamada Vollzugslosung); también Schöch, et al., ZRP, 1982, pp. 207 y ss.; Baumann, MSchrKrim, 1979, pp. 317 y ss.

[6] Cfr al respecto Eser, FS für Peters, 1974, pp. 505 y ss.; Hassemer, KrimJ, 1982, pp. 161 y ss.; Weigend, ZStW, 94 (1982), 801 y ss.; Peter-Alexis Albrecht, ZStW, 97 (1985), pp. 831 y ss.; el mismo, KritVj, 1986 pp. 55 y ss.; para las hipótesis empíricas de la prevención especial, Lipton/Martinson/Wilks, The effectiveness of Correctional Treatment, Nueva York, 1975; Palmer, Crime and Delinquency, 1991, pp. 330 y ss.; como también sintéticamente Kaiser/Kerner/Schöch, Strafvollzug, 4.” ed., 1992, pp. 64 y ss.

[7] Cfr Roxin, FS für Bockelmann, 1979, pp. 305 y ss.; Streng, 2StW, 92 (1980), p. 663; el mismo, ZStW, 101 (1989), pp. 286 y ss.; Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 1981, pp. 295 y ss. (existe trad. española, a cargo de Francisco Muñoz Conde y Luis Arroyo Zapatero, Fundamentos de Derecho penal, Bosch, Casa editorial, Barcelona, 1984. N. del T); Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil, 1983, párrafo 1, marginal 4 SS.; Müller-Dietz, FS für Jescheck, t.II, 1985, pp. 813 y ss.; Frisch, ZStW 99 (1987), pp. 589 y ss.; Zipf, FS für Pallin, 1989,pp.479 y ss.; Dölling, ZStW, 102(1990), pp. 14 y ss.; Mir Puig, ZStW, 102 (1990), pp. 922 y,ss.

[8] BVerfGE, 45, 187,256.

[9] Strafrecht. AT, 1, 1992, § 3, 26.

[10] Strafrecht. AT, (nota 9), § 3, 27.

[11] Strafrecht AT, 2.ª ed., 1991, parágrafo I, marginal 15 (existe trad. española, a cargo de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1995); el mismo, Schuld und Prävention, 1976, p. 10; el mismo, ZStW, 101 (1989), p. 517; el mismo, Der strafrechtliche Handlungsbegriff, 1992, p. 37 (trad. española, a cargo de Manuel Cancio Meliá, en Revista Peruana de Ciencias Penales, enero-junio, 1994. N. del T); el mismo, Das Schuldprinzip, 1993, p. 25.

[12] Schumann, Positive Generalprävention, 1989, pp. 50 y ss.; Dölling, ZStW, 102 (1990), pp. 18 y ss.; Schöch, FS für Jescheck, t. II, 1985, p. 1.103.

[13] GA, 1995, pp. 261 y ss.

[14] Hörnle/V. Hirsh, GA, 1995, pp. 267 y ss.

[15] SCHÜNEMANN, en el mismo (ed.), Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, 1984, pp. 170 y SS. (existe trad. española, a cargo de Jesús María Silva Sánchez, El sistema moderno del Derecho penal: cuestiones fundamentales, Tecnos, Madrid, 1991. N. del T.); el mismo, en Hirsch/Weigend (ed.), Strafrecht in Japan und Deutschland, pp. 157 y ss.; el mismo, en Chegchi Law Review, vol. 50, 1994, pp. 277 y ss.

[16] Cfr. las referencias en la nota 11.

[17] GA, 1995, p. 266.

[18] LÜDERSSEN, Der Staat geht unter — das Unrecht bleibt? Regierunskriminalität in der ehemaligen DDR, 1992, pp. 129 y ss.; el mismo, ZStW, 104 (1992), pp. 775 y ss.

[19] GA, 1995, pp. 269 y ss.

[20] Roxin, Strafrecht AT, vol. 1, 2.ª ed., 1994, § 3, marginal 36 s.

[21] Roxin, (nota 20), § 3, marginal 47.

[22] Roxin, (nota 20), § 19, marginal 34 ss.

[23] SCHÜNEMANN en Strafrecht und Kriminalpolitik in Japan und Deutschland, (nota 15), pp. 149 y ss.; el mismo, en GA, 1995, 223.

[24] V. Hirsch, Censure and sanctions, Oxford, 1993, pp. 9 y ss.

[25] Strawson, Freedom and Resentment, Londres, 1974.

[26] Carnap, Symbolische Logik, 2.ª ed., Wien, 1960, pp. 77 y ss.; Reichenbach, Elements of Symbolic Logic, Nueva York, 1947, pp. 9 y ss.; al respecto, Stegmüller, Hauptsträmungen der Gegenwartsphilosophie, t.I, 7.ª ed., 1989, p. 415.

[27] En Eser/Cornils (ed.), Neuere Tendenzen der Kriminalpolitik, 1987, pp. 219 y ss.

[28] Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Londres, 1789; Mill, Utilitarianism, Londres, 1863; Smarts/Williams, Utilitarianism — For and against, Cambridge, 1973; HOERSTER, Utilitaristische Ethik und Verallgemeinerung, 1971.

[29] Cfr. Rawls, «Two Concepts of Rules», en Philosophical Review, 64 (1955), pp. 3 y ss.; Feinberg, «The Forms and Limits of Utilitarianism», en Philosophical Review, 76 (1967), pp. 368 y ss.

[30] Aristoteles, Nikomachische Ethik, libro V; cfr. sobre el particular, Fechner, Über den Gerechtigkeitsbegriff des Aristoteles, 1964 (reimpr. de la ed. de Leipzig de 1855), pp. 27 y ss.; Hardie, Aristotle’s Ethical Theory, 2.” ed., Oxford, 1980, pp. 182 y ss.

[31] Cfr al respecto Philippidis, Die «Goldene Regel» religionsgeschichtlich untersucht, Leipzig, 1929; Dihle, Die Goldene Regel. Eine Einführung in die Geschichte der antiken und frühchristlichen Vulgarethik, 1962; Roetz, Die chinesische Ethik der Achsenzeit, 1992, pp. 219 y ss.

[32] Grunlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785, reimpr 1965 (ed. de Vorländer), p. 42.

[33] Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, ed. alemana, 1975, pp. 159 y ss.

[34] Kleinig, Paternalism, Towota, N.J., 1983; Feinberg, The moral Limits of the Criminal Law. Harm to Self Oxford, 1986, pp. 3 y ss.

[35] En: Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, (nota 15), pp. 163 y s; Strafrecht und Kriminalpolitik in Japan und Deutschland, (nota 15), pp. 151 y ss.; Chengchi Law Review, (nota 15), pp. 280, 284.

[36] LK-Jescheck, 11.ª ed., § 1, marginal 2 (1992); el mismo, Strafrecht. AT, 4.ª ed., 1988, pp. 1 y ss.; Roxin, Strafrecht, AT, (nota 20) § 2, marginal 1, § 3, marginal I; Stratenwerth, Strafrecht, AT, 3.’ ed., 1981, marginal 5 s.; Baumann/Weber, Strafrecht, AT, 9.’ ed., 1985, p. 9; Rudolphi, en Grundfragen des modernen Strafrechtsystems, (nota 15), p. l\;BVerfGE, 39, 1, 57; 45, 187, 253 y ss.; 51, 324, 343.

[37] Maurach/Zipf, Strafrecht AT, vol. 2, 8.” ed., 1992, § 63, marginal 88 ss.; Roxin, Strafrecht AT, (nota 20), § 3, marginal 25 y ,ss.; Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 2.’ ed., 1991, pp. 309 y ss.

[38] Maurach, Deutsches Strafrecht, 4.ª ed., 1971, p. 79; Welzel, Das deutsche Strafrecht, 11.ª ed., 1969, pp. 38 y ss.; Schultz, Einführung in den AT des Strafrechts, vol. I, Bern, 1973, 38 y .ss.

[39] El clásico concepto fue construido por la teoría de la coacción psicológica de Feuerbach/Mittermaíer, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts, 14.ª ed., 1847, § 16.

[40] En Über Belohnung und Strafe nach türkischen Gesetzen, 2.’ ed., 1772 (reimpresión, 1970), § 112.

[41] Jakobs, Schuld und Prävention, 1976; el mismo. Strafrecht. AT, (nota 11), 17, parágrafo 19 y ss.; el mismo. Das Schuldprinzip, 1993.

[42] Así ya Feuerbach, según lo cual la pena debe ser impuesta para que la amenaza no sea enunciada en vano, Lehrbuch, (nota 39), p. 39.

[43] Véase art. 7 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, párrafo 103.2 GG; Art. 25.1 CE.

[44] Kerner, Kriminologische Gegenwartsfragen, 1976, 137 y ss.; el mismo, Verbrechenswirklichkeit und Strafverfolgung, 1983; Kaiser, Kriminologie, 2.ª ed., 1988, § 41; Eisenberg, Kriminologie, 3.” ed., 1990, § 26, § 27.

[45] Especialmente intensivo expresado por Zipf, Die mangelnde Strafwürdigkeit der Tat, 1975; como también el mismo, Kriminalpolitik, 2.ª ed., 1980, pp. 137 y ss.; cfr. también Jäger, KrimJ, 1976, 108 y ss.

[46] Die Präventivwirkung des Nichtwissens, 1968.

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13 responses to “Sobre la Critica a la Teoria de la Prevencion General Positiva – B. Schunemann”

  1. cacas says :

    no mames guey…………………………

  2. Sandro Guerrero says :

    Esta pagina es exelente los felicito

  3. Sandro Guerrero says :

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  4. ESDRAS E. IPANAQUE TRELLES says :

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    Atte
    Esdras
    Piura, Peru,

  5. maria angel says :

    no entiendo para que esto…. pero felicitaciones.. juajuajua bye

  6. MOISES REYES says :

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    GRACIAS.

  7. Marcelo Martinez says :

    que buena publicación… me pareció bastante sustancial y muy bien documentada… FELICITACIONES!!!!!!!!!!!!!!!!

  8. Manuel Moreno says :

    un aporte muy interesante para cultivarse profesionalmente. Felicidades por tu publicacion, sigue asi.

  9. beatriz sucso says :

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  11. Hard knight says :

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    Felicitaciones, me ampliaron el panorama. Gracias.

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